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Proyecto de ley 055 modifica la ley 769
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PROYECTO DE LEY 055 DE 2011 CÁMARA.


por la cual se reforma la Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1º. Inclúyase en el artículo 2° de la Ley 769 de 2002, la siguiente definición:
Artículo 2°. (¿) Espaciamiento vital peatonal. Es el espacio mínimo requerido para la libre y segura circulación de peatones, este es un espacio público en el cual no se puede hacer o autorizar con otra actividad distinta a esta.
Artículo 2º. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 16. Capacitación requerida para conducir o enseñar a conducir vehículos de servicio público. Los Centros de Enseñanza Automovilística ofrecerán dentro de sus programas una capacitación especial para conducir vehículos de servicio público, dichos programas de capacitación serán aprobados conjuntamente por el Ministerio de Transporte y por el Ministerio de Educación Nacional.
El Ministerio de Transporte reglamentará sobre la clasificación de los Centros de Enseñanza, las clases de cursos de conducción de vehículos de servicio público, de acuerdo con las categorías existentes,
El Ministerio de Educación reglamentará sobre los requisitos necesarios para comprobar la idoneidad de los profesores de conducción, el registro nacional de profesores de conducción, el contenido y la metodología de enseñanza de los centros de conducción.
Artículo 3º. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así: < o:p>
Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener por primera vez una licencia de conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Para vehículos de servicio diferente del servicio público:
1. Saber leer y escribir.
2. Tener 16 años cumplidos.
3. Presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística inscrito ante el RUNT y debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte.
4. Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.
5. Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado como organismo de certificación de personas en el área de conductores de vehículos automotores.
Para vehículos de servicio público:
Los mismos requisitos enumerados anteriormente, a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos y de los exámenes teórico-prácticos y de aptitud física y mental o los certificados de aptitud de conducción expedidos que estarán referidos a la conducción de vehículo de servicio público así como el requisito de acreditar la certificación expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) respecto de la competencia laboral que constituye la titulación correspondiente en la que se desempeñará.
Parágrafo 1°. Para obtener la licencia de conducción por primera vez o la recategorización, renovación, y refrendación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los parámetros y límites internacionales, entre otros: las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte reglamentará para que en un plazo de hasta 12 meses los centros de reconocimiento de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y acreditación.
Parágrafo 3°. El Ministerio de Transporte reglamentará los costos del examen, teniendo como referencia los valores actuales, haciendo ajustes anuales hasta por el índice de precios al consumidor (IPC).
Parágrafo 4º. La Superintendencia de Puertos y Transportes quedará facultada para sancionar y cerrar inmediatamente como medida preventiva a los Centros de Reconocimiento de Conductores que no cumplan con las condiciones y términos de esta ley.
Artículo 4º. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 26. Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá:
1. Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad transitoria, física o mental para conducir, soportado en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión judicial.
3. Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de este Código.
4. Por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva.
5. No cumplir con los mínimos del artículo 55 A de este Código.
6. Por reincidir en la violación a las normas de tránsito, conforme a lo señalado en el artículo 124 de presente Código.
La licencia de conducción se cancelará:
1. Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental para conducir, soportada en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión judicial.
3. Por muerte del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a reportar a los sistemas creados por los artículos 8° y 10 del presente ordenamiento, el fallecimiento del titular.
4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente, en concordancia con el artículo 152 de este Código.
5. Por reincidencia con posterioridad a la suspensión de la licencia.
6. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.
7. Por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida.
8. Por obtener por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.
9. Por negarse y/o resistirse o intentar alterar la prueba de alcoholemia.
Parágrafo. La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella. La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 5º. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 5°. El artículo 27 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 27. Condicion es de cambio de servicio. El Ministerio de Transporte podrá autorizar el cambio de servicio, de público a particular, de los vehículos clase campero, volqueta y camioneta doble cabina y para el efecto establecerá los requisitos y el procedimiento.
Parágrafo 1°. En ningún otro caso se podrá cambiar de clase un vehículo automotor.
Parágrafo 2°. Los vehículos clase taxi, no se podrán cambiar de servicio y deberán ser sometidos a desintegración física total para ser retirados del servicio y tener derecho a su reposición.
Parágrafo 3°. El Ministerio de Transporte definirá en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley, mediante resolución todo lo relativo a la reglamentación de los vehículos antiguos y los vehículos clásicos en lo cual queda facultado para conceptuar sobre las placas, seguros e impuestos y se faculta al organismo de tránsito pertinente para determinar las restricciones de circulación.
Artículo 6º. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 29. Dimensiones, pesos, calidad de la materia prima y ergonomía. Todos los vehículos deberán contar con unos parámetros mínimos de dimensiones, pesos, calidad de la materia prima, incluidos los componentes, el chasis, la carrocería y los accesorios, para estos efectos el Ministerio de Transporte reglamentará dentro del siguiente año de expedición de esta ley el presente artículo, para lo cual debe tener en cuenta la normatividad técnica internacional.< /p>
En cuanto al transporte de pasajeros se deberán respetar las normas internacionales de dimensiones, peso y ergonomía, diferenciando el transporte urbano de pasajeros del transporte intermunicipal e interdepartamental de pasajeros, la Superintendencia de Puertos y Transporte vigilará el cumplimiento de esta norma, así como de la respectiva reglamentación, exigiendo la prestación de un digno y seguro transporte para el usuario. Todos los fabricantes de vehículos de transporte de pasajeros contarán con licencia de funcionamiento, la cual será expedida cada cuatro (4) años por la Superintendencia de Puertos y Transportes.
Parágrafo 1°. A aquel o a aquella persona natural o jurídica que no cumpla con la presente norma se le suspenderá la licencia de tránsito y con la reincidencia se le cancelará, si quedare demostrado que el incumplimiento proviene del fabricante los mismos efectos tendrá respecto de la licencia de funcionamiento.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte dentro de los seis (6) meses posteriores a la expedición de esta ley, revisará y ajustará a los parámetros internacionales la normatividad técnica nacional sobre la materia.
Artículo 7º. Modifíquese el artículo 37 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 37. Registro inicial. El registro inicial de un vehículo se podrá hacer en cualquier organismo de tránsito y sus características técnicas y de capacidad deben estar homologadas por el Ministerio de Transporte para su operación en las vías del territorio nacional.
Parágrafo 1°. Solamente se podrá hacer el registro inicial de vehículos nuevos, entendiéndose por estos los comercializados durante el año modelo asignado por el fabricante.
Los saldos de vehículos se podrán comercializar y registrar con posterioridad al año modelo, siempre que la inscripción ante el organismo de tránsito se efectúe dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo, que se demostrará con la fecha de la factura de compra.
Los vehículos cuyo año modelo asignado por el fabricante sea posterior al de su comercialización, su registro inicial se podrá llevar a cabo conforme a lo señalado en el inciso anterior o durante el año de su comercialización.
De ninguna manera se podrá hacer un registro inicial de un vehículo usado, excepto cuando se trate de vehículos clásicos importados o vehículos donados para Cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos, ambulancias para hospitales públicos y vehículos para Organizaciones No Gubernamentales, que únicamente se dediquen a la atención humanitaria, siempre que estos sean donados por entidades extranjeras públicas o privadas y que no tengan una vida de servicio superior a veinte (20) años, y que la autoridad competente emita concepto favorable sobre la revisión técnico-mecánica. El Ministerio de Transporte reglamentará los criterios y demás aspectos necesarios para la aplicabilidad de esta ley.
Parágrafo 2°. Transitoriedad. Autorícese por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley, el registro inicial de vehículos usados que hayan sido adquiridos antes del 1° de junio de 2010, por entidades públicas que, en dicha fecha, no hayan sido debidamente registradas ante los organismos de tránsito. Para tal efecto, el Ministerio de Transporte reglamentará, dentro de los treinta (30) días siguientes a la promulgación de la ley, el procedimiento y los requisitos que serán necesarios acreditar para efectuar dicho registro.
Artículo 8º. Modifíquese el artículo 38 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 38. Contenido. La licencia de tránsito contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
Características de identificación del vehículo, tales como marca, línea, modelo, cilindrada, potencia, número de puertas, color, número de serie, número de chasis, número de motor, tipo de motor y de carrocería.
Para el transporte de pasajeros, número máximo de pasajeros sentados y de pie.
Para el transporte de carga, peso máximo en toneladas con carga y sin carga.
Destinación y clase de servicio.
Nombre del propietario, número del documento de identificación, huella, domicilio y dirección.
Limitaciones a la propiedad.
Número de placa asignada.
Fecha de expedición.
Organismo de tránsito que la expidió.
Número de serie asignada a la licencia.
Número de identificación vehicular (VIN).
Parágrafo. Las nuevas licencias deberán permitir al organismo de tránsito y a las autoridades de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular mediante el mecanismo de chip o el mecanismo tecnológico más moderno y seguro.
El Ministerio de Transporte determinará las especificaciones y características que deberá tener el Número de Identificación Vehicular (VIN).
Artículo 9º. Modifíquese el artículo 39 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 39. Matrículas y traslados de cuenta. Todo vehículo será matriculado ante un organismo de tránsito ante el cual cancelará los derechos de matrícula y pagará en lo sucesivo los impuestos del vehículo.
El propietario de un vehículo podrá solicitar el traslado de los documentos de un organismo de tránsito a otro sin costo alguno dicho traslado no podrá durar más de treinta (30) días, y será ante el nuevo organismo de tránsito que el propietario del vehículo pagará en adelante los impuestos del vehículo.
Parágrafo 1°. El domicilio donde el organismo de tránsito ante el cual se encuentren registrados los papeles de un vehículo será el domicilio fiscal del vehículo y dichas entidades están obligadas a contar con cuentas de recaudo nacional para el pago de estas obligaciones.
Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito están obligados a crear el mecanismo de matrícula y traslado de cuenta en línea y para estos efectos, tendrán un término máximo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Artículo 10. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 40. Cancelación. La licencia de tránsito de un vehículo se cancelará a solicitud de su titular por destrucción total del vehículo, pérdida definitiva, exportación o re exportación, hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo, en este caso bastará una declaración juramentada a nombre del propietario del vehículo con copia de la licencia de tránsito.
En cualquier caso, el organismo de tránsito reportará la novedad al Registro Nacional Automotor y a la entidad competente para el recaudo de impuestos mediante decisión debidamente ejecutoriada.
Parágrafo 1°. En caso de destrucción, debe informarse al Ministerio de Transporte de este hecho para proceder a darlo de baja del registro automotor. En ningún caso podrá matricularse un vehículo nuevamente con esta serie y número.
Parágrafo 2°. En el caso de hurto bastará con la simple presentación del denuncio penal y copia de la licencia de tránsito a nombre del denunciante, si en el proceso judicial se determina que el vehículo no fue hurtado, el Fiscal o el Juez competente provisionalmente o definitivamente pueden ordenar el reotorgamiento de la licencia de tránsito.
Artículo 11. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 44. Clasificación. Las placas se clasifican, en razón del servicio del vehículo, así:
1. De servicio oficial. Las cuales se discriminarán e n oficial central, oficial legislativa, oficial ejecutiva, oficial judicial, oficial de ente territorial departamental y oficial de ente territorial municipal.
2. De servicio público. Las cuales se discriminarán en servicio público de pasajeros, servicio público de carga y servicio público mixto.
3. De servicio particular.
4. De servicio diplomático, consular y de misiones especiales. Las placas de servicio diplomático, consular y de misiones especiales serán suministradas por el Ministerio de Transporte previa solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendrá su trámite para los efectos de estas solicitudes.
Parágrafo. Las motocicletas y motocarros autorizadas para transportar pasajeros individualmente o carga también contarán con placa que las diferencie.
Artículo 12. Modifíquese el artículo 50 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad y revisión técnico-mecánica. Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.
Los vehículos de servicio particular, se someterán a dicha revisión cada dos (2) años durante sus primeros cinco (5) años contados a partir de la fecha de su matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.
La revisión estará destinada a verificar:
1. El adecuado estado del chasis y de la carrocería.
2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.
3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.
4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
5. Eficiencia del sistema de combustión interno.
6. Elementos de seguridad.
7. Buen estado del sistema de frenos y dirección.
8. Las llantas del vehículo.
9. Del adecuado funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
10. Se prohíben todos aquellos dispositivos instalados en los vehículos que causen contaminación ambiental o sonora. En el caso de vehículos de exhibición, estos deben contar con previa autorización emitida por el respectivo ente territorial ambiental.
Artículo 13. Modifíquese el artículo 51 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos de servicio público. Todos los vehículos automotores de servicio público deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
La revisión estará destinada a verificar:
1. El adecuado estado del chasis y de la carrocería.
2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.
3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.
4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
5. Eficiencia del sistema de combustión interno.
6. Elementos de seguridad.
7. Buen estado del sistema de frenos y dirección constatando, específicamente para el sistema de frenos, al operar con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos y estos vehículos deberán contar con el sistema de frenos tecnológicamente más reciente, en el sistema de dirección los vehículos deberán contar con sistema de dirección hidráulica o el sistema tecnológicamente más reciente.
8. Las llantas del vehículo.
9. Del adecuado funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público.
11. Del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de este Código.
Parágrafo 1°. Para efectos de la revisión técnico-mecánica, se asimilarán a vehículos de servicio público aquellos que prestan servicios como atención de incendios, recolección de basura, ambulancias.
Parágrafo 2°. La revisión técnico-mecánica estará orientada a garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de trabajo, especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación de servicio público de pasajeros y especial.
Artículo 14. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 53. Centros de diagnóstico automotor. La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. El Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, los cuales previamente deberán contar con reconocimiento en el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología acreditándose como organismo de inspección bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
Los requisitos, y los procedimientos que debe acreditar el centro de diagnóstico automotor, para obtener la mencionada acreditación serán estipulados, inspeccionados, vigilados y controlados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Las pruebas, los equipos y sistemas de información mínimos serán estipulados, inspeccionados, vigilados y controlados por la Superintendencia de Puertos y Transportes.
En cuanto a la idoneidad del personal, esta será certificada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, serán consignados en un documento uniforme cuyas características determinará el Ministerio de Transporte. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.
Parágrafo 1°. Quien no porte dicho documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para todos los efectos legales este será considerado como documento público.
Parágrafo 2°. Los centros de diagnóstico automotor solo podrán efectuar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de vehículos matriculados en el departamento donde se encuentren las instalaciones de estos organismos de tránsito.
Artículo 15. Modifíquese el artíc ulo de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 54. Registro computarizado. Los talleres de mecánica legalmente constituidos que atiendan vehículos de servicio público de pasajeros y los centros de diagnóstico automotor llevarán un registro computarizado de los resultados de las reparaciones efectuadas, como también de las revisiones técnico-mecánicas y de gases de cada vehículo, incluso de los que no la aprueben.
Parágrafo. Dichos registros serán considerados documentos públicos.
Artículo 16. Inclúyase el artículo 55A  de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 55 A. Comportamientos mínimos de conductores, peatones y pasajeros. Para efectos del cumplimiento de las normas contenidas en el presente Código son comportamientos mínimos:
1. Cruzar las calzadas por los puentes y túneles peatonales o por las cebras, cuando estas estén demarcadas, o por la esquina a falta de estas, sólo cuando el semáforo peatonal está en verde y no hacerlo entre los vehículos;
2. Transitar en el perímetro urbano, por los andenes, conservando siempre la derecha del andén y no por las calzadas, y en las zonas rurales por el lado izquierdo fuera del pavimento o de la zona destinada al tr ánsito de los vehículos;
3. No usar el espacio público vital peatonal para comercio ambulante;
4. Tener un trato respetuoso con otros peatones, pasajeros y conductores;
5. Respetar las zonas asignadas para las cliclorrutas;
6. Ayudar a personas con movilidad reducida, disminuciones físicas, sensoriales o mentales;
7. No impedir la circulación de los demás peatones en el espacio público;
8. No transitar peatonalmente o con motocicletas por las zonas demarcadas para las ciclorrutas;
9. No portar elementos que puedan obstaculizar la movilidad, amenacen la seguridad o la salubridad de los demás peatones, pasajeros o de los demás conductores;
10. No obstaculizar la movilidad ni el flujo de vehículos, pasajeros y peatones.
11. No poner en riesgo su integridad física y la de las demás personas al transitar bajo la influencia de bebidas embriagantes, estupefacie ntes y sustancias alucinógenas, sicotrópicas o tóxicas.
12. No transitar por los puentes peatonales maniobrando en bicicleta o en motocicletas u obstaculizar el paso en estas con ventas ambulantes.
13. En las carreteras centrales respetar las señales de tránsito.
14. No dejar animales en las cunetas y áreas aledañas a cinco (5) metros de las carreteras, vías principales o semirrurales.
Parágrafo. Las autoridades de tránsito podrán tomar los correctivos y medidas necesarias para sancionar el incumplimiento de los mínimos de este artículo.
Artículo 17. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 76. Lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares:
Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.
En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.
En todas las vías, pero, preferencialmente en las vías principales, secundarias y colectoras, la señal de tránsito debe indicar la prohibición o la restricción de parqueo y adicionalmente expresar si la prohibición es permanente, y si es temporal debe relacionar los horarios en las que aplica la restricción y tipos de vehículos para los que aplica.
En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos.
En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos.
En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.
A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.
En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.
En curvas.
Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.
Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.
En áreas aledañas a salidas de emergencia.
En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.
Parágrafo. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, las autoridades de tránsito competentes deberán reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas para aplicar en la jurisdicción de su competencia.
Artículo 17. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 78. Zonas y horarios de estacionamiento especiales. Los conductores que estacionen sus vehículos en los lugares de comercio u obras de construcción de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, deberán hacerlo en zonas determinadas para tal fin en cualquier horario, en el caso de áreas de sensible seguridad o de gran flujo de tráfico peatonal y de vehículos lo harán después de las 7:30 p. m. hasta las 6:30 a. m.
Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales podrán hacer uso del espacio público frente a sus establecimientos para el estacionamiento de vehículos previa autorización de la respectiva autoridad de tránsito, en los horarios en que esta lo permita.
Las autoridades de tránsito definirán las horas y zonas para el cargue o descargue de mercancías.
Parágrafo. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, las autoridades de tránsito competentes deberán reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas para aplicar en la jurisdicción de su competencia.
Artículo 18. Modifíquese el artículo 79 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 79. Prohibiciones para vehículos estacionados en vía pública. No se deben reparar como actividad continua vehículos en vías públicas, parques, aceras, sino en caso de reparaciones de emergencia, o bajo absoluta imposibilidad física de mover el vehículo. En caso de reparaciones en vía pública, deberán colocarse señales visibles y el vehículo se estacionará a la derecha de la vía en la siguiente forma:
En los perímetros rurales, fuera de la zona transitable de los vehículos, colocando señales de peligro a distancia entre cincuenta (50) y cien (100) metros adelante y atrás del vehículo.
Cuando corresponda a zonas de estacionamiento prohibido, sólo podrá permanecer el tiempo necesario para su remolque, que no podrá ser superior a treinta (30) minutos.
Está prohibido reparar vehículos automotores en la zona de seguridad y protección de la vía férrea, en los patios de maniobras de las estaciones, los apartaderos y demás anexidades ferroviarias y portuarias.
Parágrafo 1°. Los vehículos no podrán obstaculizar bajo ninguna circunstancia las áreas de espacio público vital peatonal.
Parágrafo 2°. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, las autoridades de tránsito competentes deberán reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas para aplicar en la jurisdicción de su competencia.
Artículo 19. Modifíquese el artículo 80 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 80. Medidas para evitar el movimiento de vehículo estacionado. Siempre que el conductor descienda del vehículo, deberá tomar las medidas necesarias para evitar que este se ponga en movimiento.
Cuando se trate de vehículos de tracción animal, deberán bloquearse las ruedas para evitar su movimiento.
La autoridad de tránsito competente bajo ningún motivo podrá ordenar el levantamiento de un vehículo excepto cuando el vehículo permanezca estacionado en área restringida por un término superior a una (1) hora.
Parágrafo. El procedimiento para el levantamiento de un vehículo en área de prohibido parqueo será: Primero, la imposición del respectivo comparendo por la infracción de prohibido parqueo; segundo, transcurrida la hora se podrá levantar el vehículo del infractor, todo lo anterior debe relacionarse con la relación cronológica de hechos y con la firma del infractor o en su defecto con la firma de dos testigos.
Artículo 20. Inclúyase un artículo 80 A en la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 80 A. Procedimiento en caso de impugnación de comparendo de prohibido parqueo con levantamiento de vehículo. Todo aquel que discrepe del acto administrativo de levantamiento de vehículo por prohibido parqueo adicionalmente al procedimiento establecido por la autoridad de tránsito competente deberá relacionar cinco (5) testigos que corroboren su versión respecto de la transgresión del procedimiento del artículo anterior.
Artículo 21. Modifíquese el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:
Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.
Los conductores de motocicleta o de vehículos mecánicos de dos ruedas y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas refractivas que deben contener el número de placa el cual debe ser visible en todo momento.
Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.
No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.
No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.
Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.
Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este Código.
Los conductores y los acompañantes cuando hubiere, también deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte.
La no utilización del casco de seguridad o del chaleco refractivo cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo.
Artículo 21. Modifíquese el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 97. Movilización de animales. No deben dejarse animales sueltos en las vías públicas, o con libre acceso a estas. Las autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados, que serán conducidos al coso o se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado.
Mínimo se creará un coso o depósito de animales, en cada uno de los entes territoriales del país, prioritariamente en áreas semiurbanas.
Parágrafo 1°. El coso o depósito de animales tendrá un depósito especial para vehículos de tracción animal y será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte especializada en especies menores, otra para especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso.
Parágrafo 2°. Este inmueble se construirá según previo concepto técnico de las Juntas Municipales Defensoras de Animales.
Parágrafo 3°. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, los entes territoriales en coordinación con las autoridades de tránsito competentes deberán reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas para aplicar en la jurisdicción de su competencia.
Artículo 22. Modifíquese el artículo 95 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 98. Programas de reposición de vehículos de tracción animal. En un término de dos (2) años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las ciudades capitales de Departamento, los distritos y los Municipios de primera, segunda, tercera y cuarta categoría estarán obligados a incorporar en su ordenamiento jurídico un Programa de Reposición de Vehículos de Tracción Animal por el de mototriciclos de servicio mixto.
Parágrafo 1°. Quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal utilizados para fines culturales, turísticos y recreativos, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio de Transporte.
Parágrafo 2°. Las Alcaldías Municipales y Distritales en asocio con el Sena capacitarán gratuitamente a aquellos que se acojan a los beneficios del Programa de Reposición de Vehículos de Tracción Animal.
Parágrafo 3°. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, los entes territoriales en coordinación con las autoridades de tránsito competentes deberán reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas para aplicar en la jurisdicción de su competencia.
Artículo 23. Modifíquese el artículo 104 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 104. Normas para dispositivos sonoros. Todo vehículo deberá estar provisto de un aparato para producir señales acústicas de intensidad, el cual debe ser de fábrica en caso de reemplazo debe cumplir con las mismas condiciones que el reemplazado, no superior a los señalados por las autoridades ambientales, utilizable únicamente para prevención de accidentes y para casos de emergencia. Se buscará por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente reducir significativamente la intensidad de pitos y sirenas dentro del perímetro urbano, utilizando aparatos de menor contaminación auditiva.
El uso de sirenas, luces intermitentes, o de alta intensidad y aparatos similares está reservado a los vehículos de bomberos, ambulancias, recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y autoridades de tránsito y transporte y servicio público de pasajeros, en el caso de estos últimos solo podrán ser operados estos dispositivos en áreas de mínima visibilidad o de alto riesgo de accidentalidad.
Se prohíbe el uso de sirenas en vehículos particulares; el uso de cornetas en el perímetro urbano; el uso e instalación, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire cuando sean innecesarios o no sean de fábrica; el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento. El tránsito de transporte pesado por vehículos como camiones, volquetas o tractomulas estará restringido en las vías públicas de los sectores de tranquilidad y silencio, conforme a las normas municipales o distritales que al efecto se expidan, teniendo en cuenta el debido uso de las cornetas.
Parágrafo 1°. El incumplimiento de este artículo hará acreedor al infractor a una sanción de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Parágrafo 2°. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, los entes territoriales en coordinación con las autoridades de tránsito competentes deberán reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas para aplicar en la jurisdicción de su competencia.
Artículo 24. Modifíquese el artículo 106 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 106. Límites de velocidad en zonas urbanas. En vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito competente en el Distrito o Municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los ochenta (80) kilómetros por hora.
La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta (3 0) kilómetros por hora.
Artículo 25. Modifíquese el artículo 107 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. En las carreteras nacionales y departamentales la velocidad máxima permitida posible será de ciento veinte (120) kilómetros por hora, en las áreas donde se señalice esta velocidad. Para el servicio público, de carga será de cien (100) kilómetros por hora, en las áreas donde se señalice esta velocidad, y para el transporte escolar la velocidad máxima permitida posible será de ochenta (80) kilómetros por hora. Será obligación del Ministerio de Transporte o de la Gobernación respectiva realizar la debida señalización de los máximos efectivos permitidos de velocidad según las especificaciones de cada una de las carreteras en sus diferentes tramos sin sobrepasar los máximos posibles anteriormente fijados. Estas mismas autoridades tendrán la obligación de reducir temporalmente los máximos efectivos permitidos de velocidad cuando las condiciones de las vías así lo aconsejen.
Cuando no exista señalización de velocidad máxima en las carreteras nacionales y departamentales, los vehículos, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán superar los ochenta (80) kilómetros por hora.
Parágrafo 1°. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima, en las zonas urbanas de que trata el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales de que trata este artículo, debe establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía.
Parágrafo 2°. Teniendo en cuenta que en determinadas carreteras nacionales y departamentales del país puede ser potencialmente viable establecer límites de velocidad superiores a cien (100) kilómetros por hora, en estos eventos la autoridad competente podrá establecer los límites de velocidad atendiendo a un máximo de ciento veinte (120) kilómetros por hora, sie mpre y cuando existan serios y comprobados fundamentos como resultado de la aplicación de la metodología adoptada por el Ministerio de Transporte para tal efecto.
Artículo 25. Modifíquese el artículo 107 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 115. Reglamentación de las señales. El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio nacional.
Parágrafo 1°. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción.
Parágrafo 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.
Parágrafo 3°. En cuanto a señales de tránsito se refiere ninguna autoridad de tránsito podrá sancionar una infracción cuando no exista la señal de tránsito que indique la restricción.
Parágrafo 4°. La Superintendencia de Puertos y Transporte será la encargada de ejercer inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas del Capítulo XII del Título III de este código.
Parágrafo 5°. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, la Superintendencia de Puertos y Transportes deberá reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas para aplicar.
Artículo 26. Modifíquese el artículo 129 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 129. De los informes de tránsito. Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones previstas en este código, son actos administrativos y a través de la imposición de comparendo, el cual puede ser físico o electrónico, estos informes deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al conductor físicamente, telefónicamente o a la dirección de correo electrónico inscrita en el RUNT; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo de la misma forma, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación.
Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción.
Parágrafo 2°. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo.
Artículo 27. Modifíquese el artículo 144 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 144. Informe policial. En los casos en que no fuere posible la conciliación entre los conductores, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe bajo la gravedad del juramento describirá los pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán suscribirlas, y si estos se negaren a hacerlo bastará la firma de dos (2) testigos mayores de edad.
El informe contendrá por lo menos:
Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.
Clase de vehículo, número de la placa y demás características.
Nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de expedición, dirección, teléfono, domicilio o residencia de los involucrados.
Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.
Nombre, documento de identidad y dirección de los testigos.
Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.
Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, entre otros, la cual constará en el croquis levantado.
Descripción de los daños y lesiones.
Relación de los medios de prueba aportados por las partes.
Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.
Artículo 28. Modifíquese el artículo 150 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 150. Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, el presunto infractor estará en la obligación de hacer este examen para que se pueda determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas.
Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el estado de aptitud de los conductores.
Parágrafo 1°. En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia para practicar las pruebas anteriormente mencionadas.
Parágrafo 2°. Si el presunto infractor alega inconformidad con el examen dentro de la siguiente hora de practicado, este será efectuado en el Instituto Nacional de Medicina Legal, si practicado el examen se determina la alcoholemia se duplicará la sanción.
Parágrafo 3°. Los comparendos que se impongan por haber ingerido bebidas alcohólicas tendrán que ser firmados por dos (2) testigos mayores de edad.
Artículo 28. Modifíquese el artículo 150 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda.
Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito adoptarán las medidas indispensables para facilitar el pago y el recaudo de las multas y demás derechos establecidos a su favor.
Parágrafo 2°. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la Policía Nacional adscrito a la Policía de carreteras, se distribuirá el 50% para el municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y el 50% para apoyar la capacitación del personal de la policía de carreteras y los planes de educación y seguridad vial que adelanta esta especialidad a lo largo de la red vial nacional.
Parágrafo 3°. La Superintendencia de Puertos y Transportes será la entidad competente para sancionar a los organismos de tránsito que omitan la imposición de multas a infractores.
Parágrafo 4°. En un término no mayor a un año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Transporte deberá reglamentar este artículo, incluyendo las sanciones respectivas.
Artículo 29. Modifíquese el artículo 161 de la Ley 769 de 2002, el cual dirá así:
Artículo 161. Caducidad. La acción o contravención de las normas de tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia. En materia de infracciones o contravenciones que involucren daños materiales a personas y pérdida de vidas estas caducarán a los diez (10) años de ocurrido el hecho. El no cumplimiento por parte del funcionario con este término será causal de mala conducta.
Artículo 30. Vigencia y derogatorias. La presente ley comienza a regir desde el momento mismo de su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Atentamente,
Diego Alberto Naranjo Escobar,
Representante a la Cámara Departamento de Risaralda,
Partido Conservador Colombiano.
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra Carta Magna contempla en el artículo 2° que entre otros, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
De igual forma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Además en el artículo 24, señala que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional.
Finalmente es de agregar que en el artículo 82 de la misma Carta se indica que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Por su parte, el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, con fundamento en la preceptuado en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 1°, reitera que el derecho a la libre circulación, está sujeta a la intervención y reglamentación de las autoridades.
Teniendo en cuenta lo anterior y las inquietudes formuladas en diferentes escenarios y foros, por parte de las autoridades encargadas del control del tránsito en el país, los organismos de tránsito, gremios del sector, expertos, la academia y comunidad en general, consideramos conveniente y oportuno presentar estas modificaciones al proyecto de ley que específicamente busca modificar el Código Nacional de Tránsito.
Dichas modificaciones, con otras que cuenta este proyecto están contenidas en veintinueve (29) artículos y uno (1) de vigencias y derogatorias, para un total de treinta artículos, concretamente, las modificaciones y adiciones que se quiere incorporar tienen que ver con necesarias actualizaciones de la normatividad, en lo que tiene que ver con incluir más requisitos que se deben exigir y cumplir para la expedición de la Licencia de Conducción, para el funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores, los cuales están contenidos en la Ley 1383 de 2010, el artículo 26 de esta norma el cual establece los casos en donde se suspende o cancela la licencia, que por un error se suprimió la reincidencia como causal de suspensión en esta ley y al régimen de sanciones que se le debe aplicar a los Centros de Enseñanza Automovilística, el cual hoy no está definido en la referida Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito.
Estos ajustes también están orientados a definir con toda claridad los exámenes y pruebas que deben presentar y realizar los interesados en la expedición de la licencia. En consecuencia expresamente se establece que se debe presentar el certificado de aptitud y conocimientos expedido por una Escuela de Enseñanza Automovilística, aprobar el examen teórico-práctico y presentar el certificado de aptitud física y mental para conducir, con lo cual se suprime la alternativa que hoy contempla el Código, de poder presentar o el Certificado de la Escuela de Conducción o el Examen Teórico-Práctico ante el organismo de tránsito, posibilidad que en la práctica ha llevado a que en todos los casos únicamente se presente la referida certificación de la Escuela, sin que se verifique que efectivamente el aspirante a la licencia tiene los conocimientos y la destreza requeridos, es decir, la idoneidad mínima comprobada para conducir, de tal manera que no ponga en peligro su seguridad y la de los demás usuarios de la vía, peatones, pasajeros y otros conductores, así mismo, también se incorporan modificaciones para que el servicio público también deba acreditar la certificación expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas de competencia laboral que constituyen la titulación correspondiente en la que se dese mpeñará.
Como sustento de la necesidad y conveniencia de esta modificación es importante mencionar los estudios adelantados por diferentes entidades, y dentro de ellas, el Fondo de Prevención Vial, la cual en investigación efectuada en el año 2006, encontró que solamente el 16% de los conductores de motocicletas han recibido capacitación y que los restantes, es decir el 84% de los acreditados para conducir este tipo de vehículos en el país, ha obtenido la licencia de conducción, allegando el respectivo certificado de las Escuelas de Conducción que acredita la formación y aprobación de los correspondientes cursos, pero sin haber recibido la instrucción y capacitación exigida, situación que sin lugar a dudas está contribuyendo al incremento de la accidentalidad y al inadecuado comportamiento en las vías, por falta de conocimientos y de una adecuada formación de los conductores, condiciones que solo se pueden verificar con la práctica de exámenes teóricos y prácticos.
Además que revisada la legislación y los requisitos que hoy se exigen para la expedición de la Licencia de Conducción en países como España, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú, en todos se incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, con el objetivo de garantizar la idoneidad de los futuros conductores y la protección de la vida de toda la ciudadanía, considerando que la conducción es catalogada como una actividad peligrosa.
Por otra parte que el Ministerio de Transporte, en virtud de lo señalado en el Código, mediante Resolución número 1600 del 27 de junio de 2005, tiene reglamentado el examen que pueden practicar los organismos de tránsito, conforme a lo dispuesto hoy en la normatividad, el cual contempla la aplicación de avanzada tecnología, pruebas sistematizadas y hacia el futuro conexión en línea con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), y además que se tenga vigente el Certificado de Conformidad, expedido por Organismos Certificadores, lo cual permite concluir que ya se cuenta con los elementos básicos para la aplicación de la propuesta y que según lo previsto, se utilizarán los últimos avances tecnológicos para garantizar la seriedad, imparcialidad y responsabilidad en las pruebas y que sus resultados, una vez entre en funcionamiento el RUNT, sean registrados en tiempo real y en línea, así mismo es importante que quien se dedica a realizar la conducción en el servicio público presente la acreditación de las competencias laborales, pues el ejercicio que demanda esta actividad efectivamente requiere de una preparación muy especial, y hoy tal como están las normas no hay diferencia entre el conductor de un servicio particular y un servicio público, demandando esta última mucha más responsabilidad y mayor destreza y conocimiento de las normas de servicio público por tanto hemos establecido que la diferencia la debe hacer el requisito de la acreditación.
Por otra parte, se pretende adicionar un numeral al artículo 26 de la Ley 769 de 2002 en la parte de la suspensión que establece, por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un período no superior a un año.
En cuanto a lo que tiene que ver con el régimen de sanciones de los Centros de Enseñanza Automovilística, es de resaltar que se pretende llenar el vacío que tiene el actual Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, que no contempla cuáles sanciones se deben aplicar específicamente a dichos centros y únicamente se limita a señalar, en el artículo 154, que el incumplimiento a las disposiciones que regulan su funcionamiento, será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta, según lo estipule la autoridad competente.
Sobre este aspecto es necesario y conveniente recordar que la potestad sancionatoria es de reserva legal, como lo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional y por tanto, que solamente al legislativo le corresponde establecer las sanciones. Por tal razón, haciendo uso de la facultad que tiene el Congreso, se pretende subsanar la deficiencia que en esta materia tiene el actual Código de Tránsito.
Además que con dicho régimen se busca que los Centros de Enseñanza Automovilística capaciten adecuadamente a los futuros conductores, con altos estándares de calidad, combatir el fenómeno de la comercialización de los certificados y darle las herramientas necesarias a los entes de control y vigilancia para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones y sancionar ejemplarmente a quienes infrinjan el régimen jurídico establecido, en bien de la sociedad.
Finalmente, que estas medidas tienen como objetivo contribuir al cumplimiento de principios rectores contemplados en el mismo Código y en la Constitución Política de Colombia, como son la seguridad de los usuarios, que tiene que ver con la protección de la vida e integridad física de las personas y el respeto de los derechos ajenos, sin abusar de los propios como lo señala el numeral 1 del artículo 95 de la Constitución Política.
Este proyecto de ley pretende mejorar errores de redacción, con el fin de ser más preciso en el momento de desarrollar la reglamentación correspondiente por parte del Ministerio de Transporte.
Con la inclusión de un parágrafo nuevo al artículo 27 de la Ley 769 de 2002 por la Ley 903 de 2004, se aclara la expresión, los vehículos de servicio público individual (taxi) por la expresión los vehículos tipo taxi de servicio de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros para una mayor claridad y concordancia con la clase de servicio.
Por otra parte, se ve conveniente entrar a modificar, para corregir la dificultad que se presenta en la actualidad que radica en que la Ley 1281 de 2009, que establece una distinción para comercializar y registrar los vehículos importados respecto de los de fabricación nacional, generando preocupación en el sector automotriz ya que los vehículos importados solo se podrían comercializar durante el año modelo y los dos primeros meses del año siguiente, lo cual significa que transcurrido este término no se podrían vender ni registrar estos automotores; mientras que los de fabricación nacional sí lo podrían hacer en cualquier año subsiguiente.
De esta manera se pretende dejar en igualdad de condiciones a los comercializadores de los vehículos importados como los de fabricación nacional, al permitirles que ingresen al país vehículos nuevos que se puedan comercializar e inscribir en el organismo de tránsito donde se matriculan; por lo tanto, los saldos de vehículos se podrán comercializar y registrar con posterioridad al año modelo, siempre que la inscripción ante el organismo de tránsito se efectúe dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo, que se demostrará con la fecha de la factura de compra.
Para ser coherentes con las medidas adoptadas en el presente proyecto, se debe introducir una modificación al artículo 47 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, así: Modificar el término previsto en el inciso 1° del artículo 47 de la Ley 769 de 2002, en el sentido de ampliarlo a noventa (90) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo, para efectuar su inscripción ante el organismo de tránsito.
Objetivos del proyecto
Como se indica en la exposición de motivos del proyecto, la iniciativa busca modificar y aclarar algunos artículos de la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 903 de 2004 y la Ley 1281 de 2009 que creó una dificultad en la aplicación de la misma y corregir y actualizar artículos de la Ley 769 de 2002, que facilitan interpretaciones erróneas.
Marco jurídico
La Constitución Política de Colombia, en el artículo 24, establece que todo colombiano tiene el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, pero que está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantizar la seguridad y comodidad de todos los habitantes, la preservación del medio ambiente y la protección del uso común del espacio público.
En desarrollo de este precepto constitucional, el Congreso de la República, mediante la Ley 769 del 6 de agosto de 2002, expidió el Código Nacional de Tránsito, el cual precisamente contiene las normas que regulan la circulación de peatones, pasajeros, conductores, agentes de tránsito, vehículos y en fin, de todos los usuarios de las vías, tanto públicas como privadas abiertas al público, al igual que las que regulan las actuaciones y procedimientos de las autoridades de tránsito.
Con fundamento en lo anterior, se concluye que en ejercicio de las atribuciones constitucionales, le corresponde al legislador señalar los derechos y deberes, las obligaciones y prohibiciones de los usuarios de las vías, como se hace a través del Código Nacional de Tránsito y por tanto, que es de su resorte introducirle modificaciones, adiciones y ajustes, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Atentamente,
Diego Alberto Naranjo Escobar,
Representante a la Cámara Departamento de Risaralda,
Partido Conservador Colombiano.
 
CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 10 de agosto del año 2011 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 055, con su correspondiente exposición de motivos, por el honorable Representante Diego Alberto Naranjo.
El Secretario General,
 
 

Artículo 15

Está de acuerdo con que las Escuelas sean Institutos para el Trabajo Y Desarrollo Humano